La ocupación ilegal de tierras en Monteros

Hemos informado acerca de una seria situación que se desarrolló en estos días en el departamento de Monteros. Consistió en una ola de ocupaciones ilegales de terrenos, tanto pertenecientes al fisco como privados, por parte de unas 400 familias. En declaraciones a la prensa, los ocupantes -varios de los cuales habrían llegado en ómnibus contratados- expresaron que sólo buscaban un techo propio, y que los terrenos que pretenden estaban abandonados desde tiempo atrás. Otros manifestaron que estaban cansados de aguardar que el Instituto de la Vivienda tuviera en cuenta sus inscripciones.
Los avances obligaron a la movilización de la Policía, así como suscitaron actitudes defensivas de los propietarios, lo que creó la posibilidad de incidentes que felizmente no pasaron a mayores. Informamos igualmente que se lanzaron acusaciones sobre la supuesta intervención de políticos como instigadores de tales hechos, especies que fueron posteriormente desmentidas. De todas maneras, un grupo de desalojados repudió la acción estatal, por medio de una pedrea sobre la casa del intendente de Monteros. En ese municipio tuvo lugar también, en la noche del jueves, una marcha de centenares de vecinos. Solicitaron tanto el desalojo de los ilegales como una vigilancia que evite nuevos actos de usurpación, además de medidas que solucionen el requerimiento de viviendas en la zona.
Nadie puede discutir que tanto en el sur como en otros puntos de la provincia, es una realidad la existencia del déficit habitacional. También lo es que, desde el Estado, se van realizando acciones concretas para ir enjugando ese problema. En el caso de Monteros, el intendente recordó que su gestión lleva construidas 500 viviendas en cuatro años; que se han licitado ya otras 124 y que se llegará a 200. De todas maneras, la situación dista de haber sido solucionada en su mayor proporción.
Pero de ninguna manera puede admitirse que las familias que carezcan de techo, adopten el criterio de instalarse en propiedades ajenas. Parece imprescindible recordar que el artículo 17 de la Constitución Nacional expresa que “la propiedad es inviolable, y ningún habitante de la Nación puede ser privado de ella, sino en virtud de sentencia fundada en ley”. Nadie puede sentirse autorizado, entonces, a invadir predios de terceros, por comprensible que sea su necesidad de instalar una vivienda. Admitir que estos principios puedan ser conculcados por la voluntad unilateral de quien carece de techo, equivaldría a instalar la más absoluta inseguridad jurídica entre nosotros, con total desprecio de la ley y de los principios básicos de nuestra organización como país. Pensamos que esta cuestión debe quedar perfectamente en claro, y que el Estado debe mantenerse firme para evitar que se produzcan ocupaciones y para desalojar a sus protagonistas. No debe aceptarse la creación de hechos consumados en materia tan delicada. Igualmente, es necesario que se investigue si existen realmente promotores interesados que activan estas ocupaciones, a los cuales es necesario responsabilizar debidamente.
Por cierto que, al mismo tiempo, es preciso que el poder público intensifique sus iniciativas en materia de viviendas. Existe al respecto una candente realidad social que no es posible ignorar y que debe ser atendida con la máxima preocupación, dados los inestimables valores que allí están comprometidos. Toda familia alienta, entre sus más legítimas aspiraciones, la de contar con un techo, y el poder público debe poner todo lo que esté de su parte para que pueda conseguirlo.