03 Noviembre 2008
COMO EN EL 2001. En España temen que una gran cantidad de argentinos decida emigrar, como sucedió a principios de esta década. LA GACETA
MADRID, España.- El número de consultas de compatriotas que consideran la posibilidad de irse del país se ha disparado en el último cuatrimestre, según cinco asociaciones de argentinos radicados en España. En el ámbito internacional, este aumento coincide con la profundización de la crisis financiera y con la caída del precio de las materias primas. En el plano doméstico, las asociaciones apuntan que la causa es el clima de temor e incertidumbre creado a partir del endurecimiento del conflicto entre el Gobierno y el campo, el incremento de la inflación, y las iniciativas del PEN para estatizar Aerolíneas Argentinas y suprimir los fondos de jubilación privados.
"Hace algunos meses comencé a recibir muchos correos electrónicos de gente que evalúa si deja o no el país. Yo les digo que aguanten, porque no van a estar mejor aquí", expone con su voz gruesa Cacho Soler, cantante de tangos oriundo de Buenos Aires y presidente de la Asociación de Argentinos de Alicante. Soler llegó a Murcia en mayo de 2001, en virtud de un contrato artístico, pero la crisis de diciembre de ese año convirtió en estadía por tiempo indefinido lo que empezó siendo sólo una experiencia temporal en el extranjero. "No estaban ni están dadas las condiciones para volver", comenta.
A diferencia de Soler, que considera positivo el empeño del Estado en dejar sin efecto las privatizaciones de las empresas y de los servicios públicos, Sergio Vaz, titular de la Asociación de Argentinos en Elche, afirma que estos proyectos son síntomas de falta de seriedad. "El país es un desastre: cada día hay menos inversión, seguridad y clase media. En esas condiciones, es normal que la gente se quiera ir", opina. Y agrega con amargura: "es verdad que el mundo está en crisis pero, en este contexto, yo tengo fe de que España será más coherente que Argentina en el momento de encontrar soluciones".
El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) informa que alrededor de 1,9 millón de extranjeros residentes en España proceden de algún país hispanoamericano. En ese subconjunto hay una mayoría de ecuatorianos (420.111) y de colombianos (280.705). Siempre de acuerdo con el INE -que sólo toma en cuenta a los extranjeros registrados en el padrón municipal-, los argentinos (145.315) ocupan el cuarto puesto, por detrás de Bolivia. En la embajada y los consulados que Argentina tiene en España sospechan, sin embargo, que a esa cifra hay que agregarle, al menos, 100.000 personas más en condición irregular (es decir, sin permiso de residencia). Estos 250.000 argentinos provienen de tres oleadas diferentes: la que tuvo lugar durante la última dictadura militar; la de la década de 1990, y la de la crisis económica de 2001, la más masiva.
"Trato de ser lo más realista posible con los que me preguntan qué posibilidades hay en España. Esto no es tan sencillo como hace siete años", reconoce con energía Sabatino Ventrice, tesorero de la Federación de Casas Argentinas de (las islas) Baleares. Según su criterio -que apoya sin condiciones Jorge Grela, ex presidente de la sede andaluza de la Asociación de Argentinos en el Exterior-, la primera dificultad es conseguir una residencia legal porque el Estado español aumentó el número de requisitos para conceder los permisos (normalmente consisten en visados de estudio o trabajo). Al igual que en el resto de la Unión Europea (UE), España tiende a incrementar las restricciones para admitir a los extranjeros -que no vengan con una finalidad turística- y controla con más atención los residentes en situación irregular. Esta corriente ha quedado de manifiesto el 18 de junio, cuando el Parlamento de la UE adoptó la controvertida directiva de retorno que legitima la internación de los inmigrantes irregulares en centros especializados y, en última instancia, el confinamiento en prisiones comunes. La posibilidad de inmigrar a España es incierta aunque los papeles estén en regla. Ventrice, mecánico soldador en una herrería de Mallorca, menciona un segundo escollo: el mal momento del mercado laboral.
"El español está comenzando a sentir que los extranjeros le quitamos trabajo", asegura Soler. A diferencia de 2001, cuando el producto interno bruto (PIB) de España crecía al 4% anual, para 2008 el pronóstico menos optimista baraja porcentajes negativos. El desempleo alcanza al 11,3% de la población económica activa, y 164.300 personas perdieron su empleo durante 2008, perjudicadas, sobre todo, por la crisis del mercado inmobiliario.
"Hace algunos meses comencé a recibir muchos correos electrónicos de gente que evalúa si deja o no el país. Yo les digo que aguanten, porque no van a estar mejor aquí", expone con su voz gruesa Cacho Soler, cantante de tangos oriundo de Buenos Aires y presidente de la Asociación de Argentinos de Alicante. Soler llegó a Murcia en mayo de 2001, en virtud de un contrato artístico, pero la crisis de diciembre de ese año convirtió en estadía por tiempo indefinido lo que empezó siendo sólo una experiencia temporal en el extranjero. "No estaban ni están dadas las condiciones para volver", comenta.
A diferencia de Soler, que considera positivo el empeño del Estado en dejar sin efecto las privatizaciones de las empresas y de los servicios públicos, Sergio Vaz, titular de la Asociación de Argentinos en Elche, afirma que estos proyectos son síntomas de falta de seriedad. "El país es un desastre: cada día hay menos inversión, seguridad y clase media. En esas condiciones, es normal que la gente se quiera ir", opina. Y agrega con amargura: "es verdad que el mundo está en crisis pero, en este contexto, yo tengo fe de que España será más coherente que Argentina en el momento de encontrar soluciones".
El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) informa que alrededor de 1,9 millón de extranjeros residentes en España proceden de algún país hispanoamericano. En ese subconjunto hay una mayoría de ecuatorianos (420.111) y de colombianos (280.705). Siempre de acuerdo con el INE -que sólo toma en cuenta a los extranjeros registrados en el padrón municipal-, los argentinos (145.315) ocupan el cuarto puesto, por detrás de Bolivia. En la embajada y los consulados que Argentina tiene en España sospechan, sin embargo, que a esa cifra hay que agregarle, al menos, 100.000 personas más en condición irregular (es decir, sin permiso de residencia). Estos 250.000 argentinos provienen de tres oleadas diferentes: la que tuvo lugar durante la última dictadura militar; la de la década de 1990, y la de la crisis económica de 2001, la más masiva.
"Trato de ser lo más realista posible con los que me preguntan qué posibilidades hay en España. Esto no es tan sencillo como hace siete años", reconoce con energía Sabatino Ventrice, tesorero de la Federación de Casas Argentinas de (las islas) Baleares. Según su criterio -que apoya sin condiciones Jorge Grela, ex presidente de la sede andaluza de la Asociación de Argentinos en el Exterior-, la primera dificultad es conseguir una residencia legal porque el Estado español aumentó el número de requisitos para conceder los permisos (normalmente consisten en visados de estudio o trabajo). Al igual que en el resto de la Unión Europea (UE), España tiende a incrementar las restricciones para admitir a los extranjeros -que no vengan con una finalidad turística- y controla con más atención los residentes en situación irregular. Esta corriente ha quedado de manifiesto el 18 de junio, cuando el Parlamento de la UE adoptó la controvertida directiva de retorno que legitima la internación de los inmigrantes irregulares en centros especializados y, en última instancia, el confinamiento en prisiones comunes. La posibilidad de inmigrar a España es incierta aunque los papeles estén en regla. Ventrice, mecánico soldador en una herrería de Mallorca, menciona un segundo escollo: el mal momento del mercado laboral.
"El español está comenzando a sentir que los extranjeros le quitamos trabajo", asegura Soler. A diferencia de 2001, cuando el producto interno bruto (PIB) de España crecía al 4% anual, para 2008 el pronóstico menos optimista baraja porcentajes negativos. El desempleo alcanza al 11,3% de la población económica activa, y 164.300 personas perdieron su empleo durante 2008, perjudicadas, sobre todo, por la crisis del mercado inmobiliario.
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