Las iglesias reclamaron una urgente reforma política, tendiente a facilitar la participación a través de un sistema de financiamiento que atienda mejor los objetivos de transparencia, austeridad y paridad en las posibilidades de expresión entre diversos candidatos.
La exigencia volvió a ponerse como prioridad entre organizaciones sociales y eclesiásticas que promueven la “inclusión social” desde el punto de vista de los derechos políticos que asisten a la ciudadanía toda.
Voceros de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, a cargo del obispo Jorge Casaretto, revelaron a la agencia DyN que la reforma es imperiosa, sobre todo después de hechos que, aseguraron, demuestran que la transparencia es “una deuda pendiente” de los partidos en su conjunto, tras 25 años de retorno de la democracia.
Las fuentes citaron por caso las sospechas de que la valija con 800.000 dólares o más del venezolano Guido Antonini Wilson tenían como destino la campaña electoral, y también una reciente auditoría de la Cámara Nacional Electoral que revela que los partidos gastaron en publicidad más de lo que declararon.
El estudio, al que esta agencia tuvo acceso, determinó que 12 de los 17 candidatos a presidente, incluida Cristina Fernández de Kirchner, informaron un desembolso de $ 34 millones, cuando en realidad sólo en propaganda oficial se gastaron $ 18 millones más.
Panorama desalentador
Frente a este panorama, que evalúan “desalentador” para contribuir a una efectiva paridad de representación de los ciudadanos, entidades empresarias, sindicales, sociales y religiosas -nucleadas en el Foro “De habitantes a ciudadanos”- elaboraron un anteproyecto de ley de reforma política.
Se trata de una propuesta transformadora que prevén elevar al Congreso, tal como hizo recientemente la Comisión Nacional Justicia y Paz, que asesora monseñor Casaretto, con otra iniciativa parlamentaria sobre prevención de adicciones que ya es analizada en Diputados.
El anteproyecto sociorreligioso no se circunscribe sin embargo solamente al financiamiento, sino que es integral y va acompañado de una reforma del Estado, a fin de poder pasar de “una democracia para pocos a una democracia para todos”, lograr una autonomía “real y auténtica” de los poderes públicos, y propiciar un “verdadero” federalismo.
Las objeciones
Credos y organizaciones intermedias objetan que, pese a los intentos, la reforma política y del Estado siempre se postergue o quede en meros proyectos que se cajonean.¿Cuál es el objetivo del Foro?
La iniciativa, todavía en etapa preliminar, apunta a garantizar los principios de representatividad, legitimidad y austeridad en el quehacer de la cosa pública. Busca, también, eliminar las listas sábana que, sostienen, “no hacen más que esconder a ñoquis, punteros y privilegiados a sueldo”, y potenciar el acceso de nuevos dirigentes a cargos electivos, sin necesidad de cupos, como en el caso de las mujeres.
Pretende, además, depurar las estructuras partidarias mediante el voto directo, y facilitar el acceso a las candidaturas de las minorías y nuevas formas de expresión de la sociedad civil, para que la inserción no sea sólo formal sino efectiva.