Uribe sofocó con mano dura una huelga judicial

BOGOTA.- El sindicato de la rama judicial calificó de inconstitucional la medida del gobierno de decretar el estado de excepción para hacer frente a una huelga de jueces, fiscales, funcionarios y empleados del sector que lleva 38 días, en reclamo de mejoras salariales. Dos días después de decretar un incremento en los salarios, que fue rechazado por el sindicato, el presidente, Alvaro Uribe, aplicó mano dura el jueves y dictó el estado de conmoción interior por 90 días, que puede ser prorrogado hasta por dos períodos iguales, el último de los cuales debe contar con el visto bueno del Senado.
El incremento salarial que ofreció el gobierno para 2009 y 2010 equivale a U$S 49,3 millones, mientras que los judiciales exigen U$S 133,4 millones. La Asociación Nacional de Empleados de la Rama Judicial (Asonal), que nuclea a unos 42.000 trabajadores, exige también la revisión del proceso de concursos para la vinculación de jueces y fiscales y la ampliación de la planta de personal.
Mediante el estado de excepción, el gobierno adquiere facultades extraordinarias para expedir decretos con fuerza de ley y de vigencia transitoria, aunque Uribe dijo que espera que el Congreso los convierta en leyes permanentes. El Consejo Superior de la Judicatura podrá nombrar, trasladar o suspender a los funcionarios.

Las dos campanas
Según el vocero de la Asonal, Fabio Hernández, la Constitución establece que la conmoción interior debe ser utilizada en caso de grave alteración del orden público, lo cual no ha sucedido en el caso de la huelga. Además, dijo que la medida perjudica la imagen del país en el exterior. “Los inversionistas extranjeros pensarán que hay un caos en Colombia”, dijo. En cambio, Uribe justificó la medida con el argumento de que la huelga dejó sin fallo más de 125.000 procesos y 36.000 acciones de tutela, un amparo constitucional que invocan las personas que creen que sus derechos han sido atropellados. Se suspendieron más de 25.000 audiencias y casi 3.000 personas capturadas por homicidio, lesiones y narcotráfico quedaron en libertad. Asimismo, el gobierno alegó que la Fiscalía no había alertado sobre la inminente salida de las cárceles, por vencimiento de términos, de presos de extrema peligrosidad.

Solidaridad de la CGT
Las centrales obreras salieron en defensa de los huelguistas. “En lugar de negociar una solución, el gobierno acude a métodos dictatoriales”, dijo una fuente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT). A su turno, el líder de la CGT, Julio Roberto Gómez, advirtió que la medida polariza el conflicto. “Exhortamos al gobierno a que, así como estudia salidas económicas cuando se trata de salvar sectores de poder financieros privados, igualmente haga los esfuerzos pertinentes para que atender legítimos reclamos de los trabajadores de la Justicia”, declaró. (DPA)