21 Septiembre 2008
La revisión del drama argentino vivido en los años 70 ha generado vivas discusiones en la sociedad, que se potenciaron a partir de los juicios a militares por su participación en las operaciones represivas de las guerrillas urbana y rural.
El sesgo que tomó la polémica denotó una marcada influencia de quienes unilateralmente admiten la culpabilidad de las fuerzas militares y de seguridad, bajo el paraguas de delito de lesa humanidad. La doctrina que sentó la Corte Suprema de Justicia de la Nación abonó el terreno al rechazar la extradición del militante etarra Lariz Iriondo, que había requerido España.
Según esa interpretación restrictiva, sólo los Estados pueden ser alcanzados por esa norma. El entonces juez de la Corte, Antonio Boggiano, entendió, en cambio, que a los particulares también les cabe el delito de marras si desarrollan actividades terroristas.
La dinámica impuesta a los procesos judiciales, junto con la derogación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, hizo que la relectura de la década del 70 se focalizara desde un solo lado. En los últimos años desfilaron por los estrados judiciales quienes fueron acusados de violar los derechos humanos desde el aparato estatal. Testimonios y condenas no hicieron otra cosa que reforzar la sensación de que había parcialidad en el análisis de las conductas y de las causas que generaron la militarización de la política, aun cuando en más de un caso se comprobó la ejecución de torturas y de desaparición de personas.
El debate se enriqueció con las reflexiones del fiscal de la Corte Internacional Penal de La Haya, Luis Moreno Ocampo, ex fiscal en el histórico juicio a las juntas militares del proceso. "En cualquier país, si se probara que una guerrilla produjo ataques masivos y sistemáticos contra la población civil, estamos ante crímenes de lesa humanidad", definió el fiscal de La Haya.
No hay dudas de que Moreno Ocampo, un fervoroso partidario de los derechos humanos, desbordó la estrecha visión que se delineó en la Argentina. No está clausurada la cuestión en lo jurídico, como tampoco en la sociedad. No sólo reclaman justicia los familiares de los militares y agentes de seguridad muertos por Montoneros y el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), sino también los deudos de dirigentes justicialistas asesinados durante la democracia
Es el caso de José Rucci, ex secretario general de la CGT, que murió baleado el 25 de setiembre de 1973. Aníbal y Claudia Rucci recurrirán a la Justicia para que se declare crimen de lesa humanidad al de su padre. Aníbal Rucci atribuyó el asesinato a "la Triple A o a grupos guerrilleros que tenían participación en el Estado nacional o provincial". El líder cegetista Hugo Moyano había expresado una posición similar.
Están pendientes de castigo también, entre otros, los asesinatos del ingeniero José María Paz, y del capitán Humberto Viola y de una de sus hijas. Un juez de Rosario ya tipificó de delito de lesa humanidad el secuestro y muerte del teniente coronel Argentino del Valle Larrabure por miembros del Ejército Revolucionario del Pueblo.
El fallo contribuye a que se amplifique el panorama, con una lectura más inclusiva del pasado. Con todo, el Estado, al estar investido del monopolio legítimo del ejercicio de la fuerza, debió haber obrado ajustándose a la Constitución. Se suele decir con acierto que no se alcanza la paz sin verdad y sin justicia; para ello es necesario que la justicia actúe sin discriminaciones.
El sesgo que tomó la polémica denotó una marcada influencia de quienes unilateralmente admiten la culpabilidad de las fuerzas militares y de seguridad, bajo el paraguas de delito de lesa humanidad. La doctrina que sentó la Corte Suprema de Justicia de la Nación abonó el terreno al rechazar la extradición del militante etarra Lariz Iriondo, que había requerido España.
Según esa interpretación restrictiva, sólo los Estados pueden ser alcanzados por esa norma. El entonces juez de la Corte, Antonio Boggiano, entendió, en cambio, que a los particulares también les cabe el delito de marras si desarrollan actividades terroristas.
La dinámica impuesta a los procesos judiciales, junto con la derogación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, hizo que la relectura de la década del 70 se focalizara desde un solo lado. En los últimos años desfilaron por los estrados judiciales quienes fueron acusados de violar los derechos humanos desde el aparato estatal. Testimonios y condenas no hicieron otra cosa que reforzar la sensación de que había parcialidad en el análisis de las conductas y de las causas que generaron la militarización de la política, aun cuando en más de un caso se comprobó la ejecución de torturas y de desaparición de personas.
El debate se enriqueció con las reflexiones del fiscal de la Corte Internacional Penal de La Haya, Luis Moreno Ocampo, ex fiscal en el histórico juicio a las juntas militares del proceso. "En cualquier país, si se probara que una guerrilla produjo ataques masivos y sistemáticos contra la población civil, estamos ante crímenes de lesa humanidad", definió el fiscal de La Haya.
No hay dudas de que Moreno Ocampo, un fervoroso partidario de los derechos humanos, desbordó la estrecha visión que se delineó en la Argentina. No está clausurada la cuestión en lo jurídico, como tampoco en la sociedad. No sólo reclaman justicia los familiares de los militares y agentes de seguridad muertos por Montoneros y el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), sino también los deudos de dirigentes justicialistas asesinados durante la democracia
Es el caso de José Rucci, ex secretario general de la CGT, que murió baleado el 25 de setiembre de 1973. Aníbal y Claudia Rucci recurrirán a la Justicia para que se declare crimen de lesa humanidad al de su padre. Aníbal Rucci atribuyó el asesinato a "la Triple A o a grupos guerrilleros que tenían participación en el Estado nacional o provincial". El líder cegetista Hugo Moyano había expresado una posición similar.
Están pendientes de castigo también, entre otros, los asesinatos del ingeniero José María Paz, y del capitán Humberto Viola y de una de sus hijas. Un juez de Rosario ya tipificó de delito de lesa humanidad el secuestro y muerte del teniente coronel Argentino del Valle Larrabure por miembros del Ejército Revolucionario del Pueblo.
El fallo contribuye a que se amplifique el panorama, con una lectura más inclusiva del pasado. Con todo, el Estado, al estar investido del monopolio legítimo del ejercicio de la fuerza, debió haber obrado ajustándose a la Constitución. Se suele decir con acierto que no se alcanza la paz sin verdad y sin justicia; para ello es necesario que la justicia actúe sin discriminaciones.
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