14 Septiembre 2008
"El Estado fue desmantelado y lo que queda es muy endeble. Lo que había en mecanismos de control fue desapareciendo y no existen los recursos humanos y económicos para fortalecerse. Si a eso le sumamos la absoluta falta de decisión política para que funcionen como corresponde, el cóctel es explosivo", aseveró la la licenciada en Ciencias de la Comunicación de la UBA, Alejandra Gallo.
La periodista (junto con sus colegas Martín Dinatale y Damián Nabot) analizó la circulación irregular de datos personales, la manipulación de encuestas y relevamientos por parte del Gobierno y la debilidad institucional para castigar incumplimientos o hechos anómalos. El estudio derivó en el libro "Las manos en la data", un trabajo que incluye la desaparición de inventarios de bienes en las empresas privatizadas, el lucro con los sectores más pobres de la sociedad mediante planes asistenciales y la ineficacia en la supervisión estatal.
"Hay determinados entramados mafiosos, que no son como la película ?El Padrino? sino que es una articulación de ciertos grupos públicos y privados y sectores políticos, que lucran con esa realidad de inacción y con los usos y abusos de la información pública", sostuvo Gallo, quien estuvo en Tucumán para presentar el libro editado por la delegación Argentina de la Fundación Konrad Adenauer.
Como ejemplo, la editora de "Clarín" remarcó que el fiscal administrativo Manuel Garrido consideró que hay razones para investigar al secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, por su manejo en el Indec, pero el juez Rodolfo Canicoba Corral aún no lo citó a declarar. La causa está paralizada. Agregó que también hay casos en que se carece de los instrumentos indispensables para controlar, como cuando no se reglamentan las normas o no se dispone del poder de sanción por incumplimientos. "Tienen el techo de pedirles informes a funcionarios, en un plazo determinado. Si no responden, le dan otro y así. Es un contralor simplemente simbólico. La Oficina de Hábeas Data, que debería defendernos a todos los ciudadanos por utilización o robo de información pública o privada, sólo logró que se aplicara una multa en la Justicia desde 2001", señaló.
Sin digitalizar
"Hay numerosos casos de robo de identidad. En la Argentina hay 11 millones de argentinos cuyos datos están en soporte de papel y nunca fueron digitalizados. No sabemos la cantidad de ciudadanos ?clonados? que hay, que compran bienes, se endeudan o votan con el Documento Nacional de Identidad de otro sin ser descubiertos", dijo.
Gallo remarcó que el crítico panorama nacional se refleja en las provincias, especialmente en lo referido a la medición de la pobreza, con cifras que difieren según los objetivos que buscan los Gobiernos. Así, señaló que suelen aumentar los números de pobres para conseguir más planes asistenciales o de obras públicas, y disminuir cuando se presentan ante organismos internacionales de crédito, que calculan los intereses que cobran en base a esos datos.
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