Villa Urquiza tiene excedida la capacidad de alojamiento

“El penal de Villa Urquiza está violando todos los pactos internacionales de Derechos Humanos y la Ley de Ejecución Penal de la Nación. Los responsables deben hacerse cargo de esta situación”, denunció a LA GACETA el presidente de la Comisión Nacional de Cárceles, Martín Vázquez Acuña.

El experto es juez del Tribunal Oral en lo Criminal Nº 1 de la Capital Federal. Arribó a su conclusión tras recorrer sectores específicos del penal y dialogar con las autoridades (empezando por el titular del Servicio Penitenciario, Roberto Guyot) y con los responsables médicos de la unidad.

Por el cuadro observado, el magistrado advirtió que Tucumán podría ser cuestionado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ya condenó a Mendoza y a Buenos Aires por el estado de sus cárceles. Remarcó que la unidad tiene más de 90 años de existencia edilicia, y que hay una importante superpoblación de internos, porque hay 800 alojados, cuando su capacidad es de 600.

Reglas sin cumplir

“Está violentada la dignidad humana de los detenidos y condenados. Visité la enfermería y el consultorio odontológico, y no cumplen ninguna regla mínima legal nacional o internacional. Si hay un Ministerio de Salud en la provincia, se debe hacer cargo de la salud en la cárcel, con los programas que tengan vigentes.

Es imposible hablar de una reinserción social si no se respetan los derechos básicos de los presos”, remarcó.

El juez reconoció que sabía que la situación había sido denunciada penalmente tiempo atrás en la Justicia provincial. Aclaró que toda su vida denunció las irregularidades, y que mantener una persona alojada en las condiciones que vio es someterla a un trato inhumano.

“El propio director, quien me atendió en un paupérrimo despacho, admite la situación. Es vergonzosa. Lamento si alguien se enoja; no soy parte de este gobierno ni de ningún otro; tengo una línea de trabajo independiente”, advirtió.

Agregó que nadie discute que una persona debe cumplir con la pena fijada (aunque es proclive de medidas alternativas para descomprimir las cárceles), pero aseveró que el debate es cómo hacerlo y en qué condiciones.

Problemas graves

Vázquez Acuña participó la semana pasada en Tucumán de una jornada de actualización y debate sobre el contagio del virus del sida entre personas privadas de su libertad.

La actividad fue organizada por el Ministerio de Salud Pública de la Nación, con la participación de la ONG Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (Andhes). Además, asesora al Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación en las cuestiones vinculadas con el tráfico de drogas.

“El principal problema no es el virus del HIV sino el espacio en el cual el virus se introduce. Toda cárcel es un lugar estructuralmente violento. El hacinamiento trae un montón de problemas importantes, como afecciones a la salud, entendida no sólo como la atención sanitaria sino el derecho a una vestimenta, a una vivienda sana, al agua potable y otros más. Cada derecho es como la cuenta de un rosario: no existe uno sin el otro”, puntualizó.