Circunstancial de lugar

Los tucumanos Gabriel Casas y Carlos Jiménez Montilla, y la santiagueña Josefina Curi han pasado a la historia. Ellos ya dieron su veredicto.
La sentencia del Tribunal Oral en lo Criminal Federal significa un reproche republicano al terrorismo de Estado. La suma del poder público en manos militares con el golpe de 1976 evidenció una violencia inaudita en las sucesivas interrupciones de gobiernos democráticos.
Con el argumento de combatir el terrorismo, las Fuerzas Armadas instauraron otro infinitamente peor, pues contaban con la estructura y la impunidad del Estado absoluto.
En ese marco aparece -y desaparece- el senador provincial Guillermo Vargas Aignasse. La sentencia que se leyó este jueves juzgó la conducta y la responsabilidad de Antonio Domingo Bussi y de Luciano Benjamín Menéndez en esa causa. El tribunal determinó que los militares, en sus respectivas jurisdicciones, dirigieron y ejecutaron desde el Estado un plan colectivo de comisión de delitos aberrantes, y por eso fueron condenados a prisión perpetua.

Un juicio, dos siglos
Lo que en el siglo pasado hubiera sido una sentencia ejemplar, en este siglo XXI parece una sentencia tibia sobre los gerontes que ayer tuvieron la Argentina en sus manos y en sus uniformes.
En esta primera década de 2000 la discusión no se centró tanto en la prisión perpetua sino en el lugar de detención, ya que hace años que los acusados están presos.
Desde el gobernador, José Alperovich, hasta los propios condenados intuían que Bussi y Menéndez irían a Villa Urquiza. El mandamás tucumano presumió diciendo que él sabía que le darían perpetua en cárcel común. Alardeó de más.
Cuando el ex general, que ni niega ni afirma sus verdades, salió caminando de su residencia del country para que lo lleven a oír el último capítulo de su primer juicio oral, sabía -y así lo llegó a verbalizar- que no volvería a dormir a Yerba Buena.
Antes y durante los días de audiencia, los legisladores Bussi, Ricardo y Luis José, se desgañitaron despotricando contra el poder nacional y sugiriendo que había orden, y que la condena estaba escrita mucho antes. Desde la Rosada ya decidieron que vaya a una cárcel común, dieron a entender.
Casas, Jiménez Montilla y Curi actuaron con independencia. Para ellos hubiera sido "políticamente correcto" imitar el fallo cordobés que condenó a Menéndez a prisión perpetua en una cárcel común. Ni Bussi ni Menéndez se hubieran sorprendido.
El gran sorprendido fue el fiscal. Alfredo Terraf estaba tan seguro de lo que diría el tribunal que se dio el gusto de tener un histrionismo kitsch. Cuando Bussi, en su descargo, se dirigió a él, impropiamente le dio la espalda al acusado. Cinco horas después, cuando escuchó a Casas leer el veredicto, sintió que el jurado le había dado la espalda a él.
En la calle también se notó la adolescente actitud de un sector de la población que no pudo respetar la balanza de la Justicia y descargó su violencia.

Un fallo, dos reacciones
Mientras gran parte de la sociedad rediscutía, revisaba y revivía los 70, en la sala de 2008 se resolvía el pleito. La historia pondrá en su justa medida la trascendencia del fallo. Sin embargo, a juzgar por las reacciones -la alegría bussista y la desazón de un grupo de militantes de Derechos Humanos-, lo que estaba en juego centralmente era el destino físico de los condenados.
No es fácil aceptar que un condenado por delitos tan graves pase el resto de sus días en un country. Las ocho décadas y la salud de Bussi ayudaron para que el fallo fuera reprochado.
Más aún cuando los profesionales del Siprosa tenían la certeza de que los achaques propios de la edad no eran un impedimento para que cumpliera la sanción en otro lado.
A los facultativos les llamó la atención que el propio Bussi pudiera desplazarse sin la silla de ruedas y que inclusive, cuando estaba en la sala que especialmente se montó para él, fuera del banquillo de los acusados, prefiriera que ni siquiera lo revisaran. Así, el barbudo ex general dejó la sensación de exagerar algunas dolencias y, por lo tanto, el fallo mostró sus flancos menos populares.
No obstante, no se puede obviar que el veredicto es un bálsamo que refresca la imagen de la Justicia al pulverizar la impunidad que dieron las hoy declaradas nulas leyes de obediencia debida y punto final. Pero hay sectores de la sociedad que sienten que el monopolio del Estado sigue encubriendo actividades ilícitas. Las vinculaciones entre aportantes a la campaña de la presidenta Kirchner, proveedores del Estado por sumas millonarias y el tráfico de efedrina alertan sobre la existencia de un nudo de relaciones entre la "caja" de la política y el financiamiento de la actividad electoral.
No en vano, hace pocos días el gobernador José Alperovich chicaneó al reciente duhaldista Fernando Juri, al relativizar los planes futuros del ex vicegobernador y del ex presidente por no tener dinero para enfrentar la elección.

Una falla, dos días aislados
Mientras la Justicia hacía esfuerzos para mostrar la fortaleza institucional y buscaba revitalizar valores devaluados, Tucson aterrizaba en el aeropuerto.
La provincia estuvo prácticamente aislada durante 48 horas. El argumento de la falta de una autobomba y las riesgosas e imperdonables quemas de pastizales puso a Tucson en el submundo de la Argentina.
El problema se comenzó a atacar luego de ocurrido. Aunque tarde, el titular del Ente Tucumán Turismo pidió la compra de una autobomba -Salta tiene dos para evitar imprevistos- que pueda pulverizar papelones. Habrá que ver después si Bernardo Racedo Aragón es escuchado y llega hasta el despacho del gobernador, luego de que anduvo comiendo asado en el cumpleaños de Domingo Amaya. Esas mezquindades sobran -y no sorprenden- en la política comarcana.
Por otra parte, durante años, desde el gobernador hasta los funcionarios se cansaron de rasgarse las vestiduras por la cuestión ambiental. Se promocionaron prohibiciones y multas para la quema de cañaverales; sin embargo, las normas parecen lo más difícil de acatar y de hacer cumplir. Es decir que había responsables provinciales -no sólo la Fuerza Aérea que no puede arreglar una autobomba- para que fracasen congresos o para que un vuelo a Buenos Aires dure entre cuatro y seis horas -según si fue por Santiago del Estero o por Salta.
Por no respetar las previsiones ni las advertencias ya empezaron a desfilar en la Justicia algunos funcionarios que dejaron caer una tribuna levantada sólo para quedar bien con la Presidenta.

Una licitación, dos líneas
Los papelones de Tucumán no sólo andan por los aires. En las destartaladas calles de la ciudad ya estalló la guerra de los autobuses. El botín cada vez es más grande. En 2004, en la ciudad se vendían 4 millones de boletos mensuales. En 2005 se alcanzó los 10 millones cada 30 días. Este año, son 6 millones de boletos los que se venden en un mes.
Los proyectos que prevén servicios diferenciales desde Yerba Buena al centro prometen que el negocio crecerá y, por lo tanto, se frotan las manos los monopolios que se forman alrededor de los ómnibus. También aparecen los empresarios foráneos. Con la intención de desembarcar en la provincia, hace 10 días habría venido a Tucson el diputado Alejandro Rossi, quien estaría vinculado a este comercio en Rosario. El interesado arribó en momentos en que hay una licitación en marcha para adjudicar las líneas 10 y 12 de la Capital.
Rossi es hermano del famoso jefe de bancada Agustín Rossi, a quien el ex presidente Néstor Kirchner ya mira con cierto recelo, mientras junta a los diputados ultra K para ordenar a su tropa.
Los ejemplos de independencia y de calidad institucional que transmitió la Justicia aun a pesar del descontento por los detalles del fallo, corren el riesgo de ser rápidamente olvidados por el desinterés de lo que debería ser una política de Estado, como el turismo, o por la precariedad del manejo de la cosa pública. O, en todo caso, hasta que la Justicia los condene.