El 60% del salario de un estatal se paga en negro

Inflación, precios, salarios, sindicatos, Gobierno. Un matrimonio de difícil convivencia, pero que persiste en el tiempo. La semana se despidió con un nuevo acuerdo entre los dirigentes gremiales y el Poder Ejecutivo en materia salarial. Como desde 2004, año en que se consolidó la recuperación económica del país, la inflación actúa como termómetro de la relación entre los funcionarios y los referentes gremiales. Registra los momentos de mayor temperatura y convulsión, y aquellos en los que domina una calma circunstancial.
Al ritmo del incremento en el costo de vida, la actual gestión de Gobierno fue acallando los reparos sindicales con incrementos de emergencia, con paliativos coyunturales y, por ende, de corta duración. El gobernador, José Alperovich, arrancó su gestión en octubre de 2003 con un salario mínimo vital y móvil que no superaba los $ 350. Las presiones sindicales de 2004 -que incluyeron escenas de violencia en las narices del ex presidente Néstor Kirchner durante un acto patrio- lo apuraron a responder satisfactoriamente a los reclamos por reivindicaciones salariales. Hoy, ningún estatal percibe menos de $ 1.350 (es el haber mínimo). Sin embargo, el sueldo básico, esa base de ingresos sujeta a descuentos para financiar el pago de los aportes previsionales y de obra social de cada trabajador, se mantiene por el suelo. Sólo basta con mencionar, por ejemplo, que un empleado de categoría 15 del plantel del Estado (la más baja), percibe un básico de $ 274, 54; o que uno de categoría 24 (la que se encuentra en la cúspide de la pirámide) tiene un básico de $ 768,36.
Ese, justamente, es el eje que signa la polémica entre las autoridades provinciales y los dirigentes sindicales. En promedio, los empleados públicos de cualquier sector (docencia, sanidad, administración central) reciben más de un 60% de sus ingresos bajo la denominación de "adicionales no remunerativos y no bonificables". Es decir, dinero sobre el que el Estado no efectúa ningún descuento de ley (va a parar directamente al bolsillo), pero que desfinancian de igual manera a los sistemas previsional y social, ya que no incrementan los aportes que debe concretar cada trabajador para engrosar su futuro haber jubilatorio y la cobertura de salud mediante las obras sociales.
En total, un empleado de la categoría más baja del escalafón recibe alrededor de $ 800 a través de sumas en negro que otorga el Estado para paliar la falta de actualización del esquema de remuneraciones de la administración pública.

Casos esporádicos
Sin modificaciones desde 1991, el Poder Ejecutivo accedió en 2006 a conceder una suba del sueldo básico: fueron apenas $ 20 por categoría. También los dirigentes docentes, antes de iniciar el ciclo lectivo vigente, lograron llevar el básico de los educadores de $ 450 a $ 650.
Pero, ¿por qué la variable de incremento salarial no siempre es la del sueldo básico? Las respuestas varían según el sector al que se formule la pregunta. Desde el Gobierno, por ejemplo, admiten que el pago de sumas no remunerativas y no bonificables permite a la administración lograr un importante ahorro anual (Ver "El PE ahorrra unos...") y, con ello, sustentar el superávit fiscal de la administración.
Por su lado, los dirigentes sindicales enfatizan que pelear por un aumento del salario básico puede resultar en vano. Argumentan que la palmaria desactualización de la grilla de haberes atenta contra cualquier negociación seria: perjudicaría a los trabajadores de las categorías más bajas y sólo beneficiaría a los que se encuentran en mejor situación. Allí, sostienen, se encuentra la clave de la discusión: en la necesidad de replantear una pirámide salarial achatada dentro del Estado, que incluya una nueva escala de haberes según la categoría de cada trabajador.

El básico de la sanidad es de $ 600
Los trabajadores del nivel más bajo de la sanidad tienen un básico de unos $ 580, mientras que el de un médico es de $ 1.025. Se suma el pago de antigüedad, escalafón y el título.
Los adicionales no remunerativos y no bonificables son de $ 135 (decreto 1.950/3), de $ 135 (D 1.792), de $ 244 (aporte social), de $ 118 (D 4.940-5), de $ 130 (D 110), de $ 150 (D 1.783) y de $ 200 (ayuda social). En todos los casos, las cifras presentan variaciones según el nivel del agente.