Deudas con la sociedad democrática

El Gobierno nacional nformó que en la segunda quincena del corriente mes se remitirá al Congreso un proyecto de ley de radiodifusión en reemplazo de la actual, con origen en la dictadura pero con numerosas reformas puntuales. El interventor del Comité Federal de Radiodifusión (Comfer), Gabriel Mariotto, manifestó al mismo tiempo que se produce actualmente en la radiofonía un desfase tecnológico considerable y se aproxima la digitalización del sistema, si bien el futuro régimen no estaría en condiciones de aplicarse antes de 2012 o 2014.
   El anuncio debería ser muy bienvenido si no fuera porque se produjo originalmente en una instancia políticamente delicada donde proliferaron los ataques oficialistas al grupo “Clarín”, a dos de cuyos canales de TV, por cierto, el Gobierno del ex presidente Kirchner había prorrogado sus licencias hasta 2019 y 2025.
   También fueron objeto de fuertes críticas otros medios, a la vez que se creaba un observatorio sobre discriminación periodística con participación estatal cuya finalidad es practicar el análisis de las publicaciones de prensa. Hecho aquel anuncio inicial, de inmediato comenzaron las reuniones con sectores diversos, pero sin ampliar un estudio tan trascendente fuera del círculo oficial.
   Dada la prolongación del tiempo para la vigencia de la futura ley, debe darse por seguro que no será el actual Gobierno el que la aplique, por lo que su debate parlamentario difícilmente sea modelado por la disciplinada mayoría oficialista que actualmente dispone de las decisiones del Congreso.
   Lo importante es, pues, que la nueva ley de radiodifusión comience a ser un hecho, aunque la iniciativa haya sido inoportuna por el marco de descalificaciones y agravios con que fue tratada la prensa audiovisual y escrita.
   Por cierto que la radiodifusión no es la única deuda pendiente del Estado, sino que existen otras no menos gravosas en orden a la libertad de información que no parecen preocupar tanto al gobierno como la anunciada en  momentos de ofuscación.
   Una de ellas concierne a la distribución de la publicidad oficial que la Secretaría de Medios y la agencia Télam tienen a su cargo mediante circuitos no esclarecidos que investiga la Justicia y que discriminan sus adjudicaciones.
   Esa discriminación es señalada igualmente por el informe de la relatoría sobre libertad de expresión de la OEA en marzo de 2007 y la Asociación de los Derechos Civiles en su monitoreo permanente, así como el Centro de Estudios Legales y Sociales en el corriente año.
   Pero quizá la más pesada deuda en la misma línea sea desde la restauración constitucional la ley sobre el derecho de acceso a la información pública, cuyo laberinto de trabas ha “cajoneado” todo intento de conocimiento por la ciudadanía de lo que hacen sus representantes y administradores estatales.
   En mayo de 2003 una iniciativa tuvo media sanción en Diputados, paó en revisión al Senado, donde fue modificada, y regresó a la Cámara Baja hasta entrar en un laberinto donde la entonces senadora Fernández de Kirchner, como titular de Asuntos Constitucionales, aplicó otras enmiendas que dejaron el veterano proyecto en el limbo, blindando con  secretismo la actividades gubernamentales que hoy transcurren bajo el gran paraguas de las facultades especiales y los superpoderes.
   Falta, pues, asumir que la información pública pertenece a la sociedad y que no basta reordenar la radiodifusión para cumplir con las exigencias del sistema republicano.