16 Marzo 2008
Las versiones sobre la renuncia de Francisco Sassi Colombres a su acuerdo como miembro de la Corte Suprema de Justicia, motivaron ayer diversas interpretaciones. Mientras que militantes de Derechos Humanos mostraron su satisfacción, desde el arco oficialista parlamentario reconocieron sorpresa sobre la evolución de los acontecimientos.
Dirigentes del Peronismo Auténtico insistieron en repudiar al ex fiscal de Estado, cuya postulación fue calificada como una afrenta al pueblo. “Es comparable a que, luego del Holocausto, se hubiera designado a un ex funcionario nazi para un alto cargo en la Justicia alemana. Los partícipes de la dictadura no fueron funcionarios decorativos, sino que aprobaron el quiebre institucional, aplastaron la Constitución y pisotearon la Justicia; no pueden recibir el premio de ser jueces de la democracia”, sostuvieron Cristina Barrionuevo, César Costas y Andrea Palomino.
En el mismo sentido, la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) y Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (Andhes) reclamaron que, en la elección de un juez supremo, se atienda preferentemente el compromiso del postulado con la defensa de los derechos humanos y los valores democráticos.
Acto generoso
El legislador Carlos Canevaro admitió su desconcierto con la renuncia. Luego, calificó la actitud de Sassi Colombres como un notable gesto de generosidad para evitarle al Gobierno un conflicto innecesario.
“Es época de priorizar la unidad de los tucumanos. Nadie lo cuestionó por haber sido fiscal de Estado, pero ahora está en la boca de todos, lo que se agravó porque hubo un exceso interpretativo en la última sesión de Cámara sobre el Reglamento Interno, y se permitió que los legisladores opinen en Manifestaciones Generales, cuando no puede haber ninguna clase de debate, para que no se produzca un escarnio público sobre su persona, su intelecto o su capacidad profesional. Esa discusión podría desprestigiarlo y afectarlo en su hombría de bien”, advirtió el referente de la acoplada Unión Norte Grande.
En la historia provincial hay un antecedente sobre una renuncia a la vocalía de la Corte Suprema de Justicia antes de asumir el cargo. En agosto de 1995, los legisladores del Frente de la Esperanza dieron su respaldo al parlamentario José Fernando Carbonell (PJ). En la reunión que mantuvieron con el entonces gobernador, Ramón Ortega, este no se manifestó ni a favor ni en contra. Empero, firmó el pliego y lo envió a la Cámara.
Seis semanas después, la comisión de Peticiones y Acuerdos dio el visto bueno para que Carbonell ocupara una vocalía en la Corte Suprema de Justicia. Y el 15 de octubre de 1995, con 32 votos a favor, dos abstenciones (José Páez y Manuel Martínez Zuccardi) y la negativa de Gumersindo Parajón, el pliego fue aprobado.
Dos semanas después, al mismo tiempo que Ortega firmaba el decreto que lo consagraba como vocal de la Corte, Carbonell renunció por “prudencia y ética”, según adujo. En su explicación, había denunciado “un clima de negociaciones donde no siempre los intereses de los tucumanos son los privilegiados”.
Dirigentes del Peronismo Auténtico insistieron en repudiar al ex fiscal de Estado, cuya postulación fue calificada como una afrenta al pueblo. “Es comparable a que, luego del Holocausto, se hubiera designado a un ex funcionario nazi para un alto cargo en la Justicia alemana. Los partícipes de la dictadura no fueron funcionarios decorativos, sino que aprobaron el quiebre institucional, aplastaron la Constitución y pisotearon la Justicia; no pueden recibir el premio de ser jueces de la democracia”, sostuvieron Cristina Barrionuevo, César Costas y Andrea Palomino.
En el mismo sentido, la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) y Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (Andhes) reclamaron que, en la elección de un juez supremo, se atienda preferentemente el compromiso del postulado con la defensa de los derechos humanos y los valores democráticos.
Acto generoso
El legislador Carlos Canevaro admitió su desconcierto con la renuncia. Luego, calificó la actitud de Sassi Colombres como un notable gesto de generosidad para evitarle al Gobierno un conflicto innecesario.
“Es época de priorizar la unidad de los tucumanos. Nadie lo cuestionó por haber sido fiscal de Estado, pero ahora está en la boca de todos, lo que se agravó porque hubo un exceso interpretativo en la última sesión de Cámara sobre el Reglamento Interno, y se permitió que los legisladores opinen en Manifestaciones Generales, cuando no puede haber ninguna clase de debate, para que no se produzca un escarnio público sobre su persona, su intelecto o su capacidad profesional. Esa discusión podría desprestigiarlo y afectarlo en su hombría de bien”, advirtió el referente de la acoplada Unión Norte Grande.
Carbonell marcó un antecedente en 1995
En la historia provincial hay un antecedente sobre una renuncia a la vocalía de la Corte Suprema de Justicia antes de asumir el cargo. En agosto de 1995, los legisladores del Frente de la Esperanza dieron su respaldo al parlamentario José Fernando Carbonell (PJ). En la reunión que mantuvieron con el entonces gobernador, Ramón Ortega, este no se manifestó ni a favor ni en contra. Empero, firmó el pliego y lo envió a la Cámara.
Seis semanas después, la comisión de Peticiones y Acuerdos dio el visto bueno para que Carbonell ocupara una vocalía en la Corte Suprema de Justicia. Y el 15 de octubre de 1995, con 32 votos a favor, dos abstenciones (José Páez y Manuel Martínez Zuccardi) y la negativa de Gumersindo Parajón, el pliego fue aprobado.
Dos semanas después, al mismo tiempo que Ortega firmaba el decreto que lo consagraba como vocal de la Corte, Carbonell renunció por “prudencia y ética”, según adujo. En su explicación, había denunciado “un clima de negociaciones donde no siempre los intereses de los tucumanos son los privilegiados”.