Votan una norma cuya utilidad depende de una ley no dictada

La Legislatura sancionará hoy una ley cuya efectiva vigencia depende de que la Nación actualice los plazos de otra norma.
Se trata de un proyecto de "regularización dominial" del vicegobernador, Juan Manzur, y los peronistas Carolina Vargas Aignasse y Alfredo Quinteros.
La propuesta toma en cuenta los plazos del Código Civil para las prescripciones adquisitivas, así como los términos de las leyes nacionales 24.347 (que impulsó el ex diputado bonaerense del menemisno Alberto Pierri) y 25.797; y de la ley provincial 5.670 (del senador provincial justicialista Silvano Corbalán).
"La ?Ley Pierri? pautó la regularización dominial para los ocupantes que acrediten la posesión pública, pacífica y continua de inmuebles urbanos, con un mínimo de tres años de antigüedad desde 1992. Los lotes debían tener como destino principal el de casa de habitación única y permanente -explicó Vargas Aignasse-. Han transcurrido 16 años y la norma, por el paso del tiempo, perdió operatividad. No puede ser aprovechada hoy, por ejemplo, por quienes no han podido regularizar el dominio de un inmueble que ocupan desde hace 15 años".
En ese sentido, la norma permitirá que los tucumanos que reúnan las características mencionadas también puedan regularizar el dominio del inmueble si lo ocupan desde hace tres años al menos. Esto, según lo expresó oportunamente el gobernador, José Alperovich, beneficiará a unos 50.000 ocupantes. Pero, para ello, necesitan que el Congreso nacional actualice los plazos de la ?Ley Pierri? y ponga ?2008? donde dice ?1992?. Tanto es así que el artículo 1 del dictamen que llegará hoy al recinto establece sus disposiciones en los términos previstos por las leyes ya mencionados, "y cualquier ley ulterior que verse sobre la materia objeto de esta norma y reúnan las características previstas en la reglamentación".
"Hay un compromiso de los diputados y de los senadores, que le fue transmitido al gobernador, para que en breve se actualice la ?Ley Pierri?", sostuvo la legisladora. Admitió que, hasta tanto, sólo podrán regularizarse los dominios de los terrenos ocupados desde 1989 (que cumplen el plazo de tres años a partir de 1992). "Pero la ley habilita a que se vayan realizando los relevamientos correspondientes", argumentó.

Respaldos y reparos
"También debe quedar claro que esta ley no beneficia a usurpadores. En realidad, está destinada a los habitantes de barrios que están consolidados desde hace más de una década, y que no pueden pagar planos o cuyos lotes no reúnen las dimensiones que demandan las normas generales. Es el caso del barrio San Jorge, por citar un ejemplo, donde viven 200 familias desde hace 15 años, y ya tienen Iglesia y centro comunitario, y los ocupantes tienen hasta boleto de compraventa", puntualizó la peronista.
Complementariamente, la coautora de la iniciativa destacó que si el titular del dominio del inmueble se opone a la regularización en favor de los ocupantes, el trámite de escrituración se suspende y la cuestión se dirime en la Justicia. "No vulneramos los derechos de nadie", aseveró la dirigente justicialista.
"El hecho de que la norma respete los términos del Código Civil y de leyes nacionales y provinciales es una garantía. Por eso, el bloque Tucumán Crece acompañará en pleno la iniciativa", ratificó, a su turno, el titular de la bancada, Roque Alvarez.
Sin embargo, la iniciativa sí enfrentará reparos desde la oposición. "Esta norma, hoy, no tiene sentido. No puede sancionarse una ley con la expectativa de que en el futuro la Nación se sancione otra norma que le confiera utilidad. Lo contrario es aprobar una ley que sólo refiere a otras leyes que ya están plenamente vigente, lo que raya el absurdo", advirtió el legislador Esteban Jerez. "El agravante es que, además, estamos hablando nada menos que sobre el derecho de propiedad. No se puede legislar por legislar", concluyó.