El presidencialismo se acentúa en Tucumán

Desde octubre de 2007, cuando se conformó la nueva Legislatura, fueron presentados, para ser debatidos, 385 proyectos de ley. De estos, 30 tuvieron su origen en el Poder Ejecutivo -ya como Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), firmados por el gobernador, José Alperovich, ya como iniciativas propiciadas por el vicegobernador, Juan Manzur. Estos números, sin un profundo análisis, parecen hablar de un sistema republicano por demás saludable, en donde cada uno de los poderes cumple con sus funciones e interactúan entre ellos.
Sin embargo, el 100% de los proyectos del PE fue aprobado, mientras que apenas 19 iniciativas surgidas desde las bancas legislativas se transformaron en leyes. Además, estas últimas no tienen que ver con cuestiones que repercutan en la estructura del Estado. Verbigracia: designar nombres de escuelas (tres leyes para tres instituciones educativas distintas); fomentar la actividad caprina en la provincia; promocionar el software, entre otras, son algunas de las 19 normas que nacieron en el despacho de algún legislador. Por el contrario, la normativa originada en el Ejecutivo tiene un fuerte impacto en las cuestiones de Estado: la modificación de los códigos Tributario y Procesal Penal y de la ley de Comunas Rurales, la disposición de que Rentas de la Provincia recaude en todas las comunas y en los municipios que así lo dispongan, el destino de los fondos recaudados, la desafectación de seis inmuebles del Sistema de Protección del Patrimonio Cultural y de los Bienes Arquitectónicos, son algunos de las propuestas del PE que devinieron en leyes.

Llamado a sesión
Para volver aún más difuso el límite de independencia entre los poderes, las convocatorias a sesiones, muchas veces, partieron desde la Casa de Gobierno y no desde el despacho de Manzur. Prueba de esto es la última sesión de enero. El vicegobernador había anunciado que no habría más sesiones durante ese mes; sin embargo, a instancias de Alperovich, los legisladores suspendieron sus vacaciones y se apersonaron en el recinto para aprobar la reforma al Código Tributario Provincial, que permitió endurecer las penas contra el trabajo informal.
Desde hace tiempo, las voces opositoras claman que, en Tucumán, el sistema republicano es una ilusión. Esta dinámica en la aprobación de leyes, desde octubre, pareciera avalar esta denuncia.

Ayer no es hoy
En su gestión anterior, Alperovich tuvo severos encontronazos con el entonces vicegobernador, Fernando Juri. Este hacía gala de dirigir la Legislatura, aun cuando no tenía mayoría de parlamentarios afines. En más de una oportunidad, el gobernador tuvo que conciliar con Juri para lograr la aprobación de leyes que juzgaba imprescindibles.
Aprender de experiencias anteriores es fundamental en cualquier actividad en la que se pretenda hacer carrera. Y Alperovich aprendió: para su nueva gestión, buscó la forma de que la Legislatura no trabara sus iniciativas.
El proyecto de reforma de la Carta Magna fue el primer paso para ello. En febrero de 2006 los ciudadanos avalaron fuertemente esta iniciativa. El artículo 101, inciso 2, de la nueva Constitución deja expresa la metodología para la dinámica de los DNU: “El decreto será remitido a la Legislatura para su consideración. Dentro de 20 días hábiles, (esta) deberá expedirse sobre su validez. En caso que fuera ratificado o venciera el plazo sin que la (Cámara) se pronunciare, su contenido adquirirá fuerza de ley”. Tras las elecciones que permitieron esta reforma, sobrevinieron nuevos comicios en los que el voto popular garantizó al mandatario un megabloque de 42 legisladores que, a priori, se presentan como incondicionales. A estos se les suma Carlos Canevaro, otrora opositor, hoy oficialista acoplado y férreo defensor de iniciativas alperovichistas. Por último, el titular del Ejecutivo eligió un vicegobernador leal, surgido de su propio entorno y no de las huestes del PJ.

Cuestionamientos
Calogero Pizzolo, en su artículo titulado “Presidencialismo o autocracia”, presentado en el XVIII Encuentro Argentino de Profesores de Derecho Constitucional (www.encuentroparana.com.ar), cuestiona las competencias legislativas del Ejecutivo. Como ‘mal ejemplo’ de esta cuestión cita en reiteradas oportunidades la Carta Magna tucumana, modelo 2006. Particularmente al mencionado artículo 101, que regula los plazos y el circuito de los DNU. Según el letrado, la construcción de la autocracia, como forma de gobierno, se consolida a partir de la incorporación de esta costumbre, en la reforma de la Constitución nacional de 1994. El hecho, asegura, “(reviste), con el cotizado barniz de la legalidad constitucional, una ‘práctica legislativa anormal’”. Cuestiona, además, la Ley nacional 26.122, promulgada en julio de 2006. Según Pizzolo, esta completó la construcción de la autocracia y consolidó la existencia de un segundo poder legisferante: el Ejecutivo. “Muchas constituciones provinciales reformadas recientemente han optado por soluciones similares otorgando, al silencio de la Legislatura, el valor de una ‘declaración positiva’ a favor de la vigencia (de los DNU)”, afirmó Pizzolo.
Por acción (sancionando más proyectos originados en el PE que en el propio recinto) o por omisión (dejando que los plazos de tratamiento de los DNU se venzan), la Cámara tucumana permite al gobernador legislar desde 25 de Mayo 90.