Los oficialistas embaten contra los empresarios que los critican

El oficialismo logró cómodamente la sanción de la ley que agravó los castigos por tener empleados en negro, único tema en la breve sesión de ayer. A los 35 votos propios, sumó el del secretario general de la Fotia, Roberto Palina. En contra sólo quedó la oposición de Luis José y Ricardo Bussi y del radical José Cano. El nudo del debate estuvo dado alrededor de si la norma tenía un fin recaudatorio o un sentido de justicia social, tesis reivindicada por los peronistas.
Al fundamentar el proyecto presentado junto con el vicegobernador Juan Manzur, el presidente de la comisión de Hacienda, José Alberto Cúneo Vergés, remarcó que la ley sólo actualiza los castigos ya previstos en la ley vigente y habilita una oportunidad al empresario para blanquear la situación laboral.
“La lucha es cultural para erradicar la informalidad laboral y la costumbre del empresario con vocación transgresora”, señaló. Cuestionó a los “cancheros y criticones” (sic) que dicen que los políticos son lo peor del país, y les reclamó una distribución de sus ganancias. “No pueden pagarse la 4x4 y la casa de campo con la jubilación de sus trabajadores. Algunos no ganan más porque se la pasan disimulando la plata que tienen”, dijo.
Ricardo Bussi denunció que el Estado es el principal empleador en negro en Tucumán, con 11.000 trabajadores en esa condición, e ironizó al pedir la creación de un fondo de $ 220 millones para atender la deuda que debería pagar en multas. “A 20 metros de este recinto hay un emprendimiento gastronómico que tiene, desde hace dos años, a sus empleados en negro. El lugar es de la familia del gobernador José Alperovich”, denunció. Fuera del recinto explicó que se refería al bar del hotel República.
“Esta sesión no tiene sentido; hay una sobreactuación respecto de leyes nacionales vigentes, que sólo deben hacerlas cumplir. Este flagelo está tanto en lo privado como en lo estatal”, sostuvo Cano, y pidió que se alcance en la norma a los intendentes y funcionarios.

Reacción
Las críticas opositoras fueron refutadas por el oficialismo. “Que el Estado no sea un buen ejemplo, no le quita legitimidad, derecho ni legalidad para exigir que se cumplan las normas”, aseveró Carlos Canevaro (Unión Norte Grande).
El presidente subrogante de la Cámara, Sergio Mansilla, cuestionó al titular de la Federación Económica de Tucumán, Julio Colombres. Señaló que opina como un político opositor resentido, deslizó que podría usar su cargo como plataforma política y cuestionó su trayectoria como empresario azucarero y al frente de la ex Cootam. Mansilla admitió que debió transgredir la ley cuando fue intendente de Aguilares (1999/2003) porque la gente le pedía ayuda y no tenía programas de asistencia estatal. La misma realidad reconoció el ex intendente de Tafí Viejo, Alejandro Martínez, y cargó contra las pasantías y las cooperativas de trabajo, montadas como pantalla del fraude laboral.
“Esta ley pone al hombre como centro de toda la actividad del Estado. Estamos contra el liberalismo que dice que, si no se gana, no hay economía. Todo debe estar subordinado al poder político”, concluyó Roque Tobías Alvarez.

Punto por punto
•$ 20.000 será la multa por cada trabajador no registrado.

•Además, se clausurará por 10 días al comercio, empresa o industria.

•$ 3.000, en cambio, es la sanción por cada empleada doméstica informal.

•Sin perjuicio de las otras sanciones, las empresas podrán ser inhabilitadas por un año para acceder a licitaciones, y quedarán fuera del plantel de proveedores del Estado.

•Si el empleador registra al trabajador y lo mantiene contratado durante 16 meses continuos, se eximirán la multa y la clausura; siempre que el plantel de empleados no hubiere disminuido.

•Si, en cambio, la relación laboral se extinguiera por otros motivos, la multa se reducirá en proporción a los meses transcurridos; y a 2/3 del monto, en caso del fallecimiento del trabajador.