Demanda judicial para impedir la enajenación

Una acción de amparo colectivo fue presentada ayer por la Junta de Estudios Históricos y por el Colegio de Arquitectos, para que se declare la inconstitucionalidad de la ley que desafectó inmuebles del patrimonio histórico, y habilitó su venta y su demolición.
El escrito se radicó en la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo (sus integrantes, Enrique Guibert y Ebe López Piossek, están de turno hasta la próxima semana). Este tribunal deberá resolver sobre la medida cautelar de no innovar solicitada por los accionantes, para que no se pueda alterar la situación jurídica de los bienes afectados hasta tanto haya sentencia de fondo. De prosperar, no se podrán enajenar los edificios ni modificar su estructura.

En la lista
Las entidades accionantes exigieron la preservación de las actuales sedes de las secretarias de Educación (avenida Sarmiento al 800) y Comercio (San Martín 730); la Junta de Clasificaciones Docentes (Córdoba 759); la Dirección de Rentas de la Provincia (San Martín y Maipú) y el Siprosa (Rivadavia y Mendoza).
El recurso de amparo fue suscripto por Juan Martínez Romero, Celia Barenbreuker, Teresa Piossek Prebisch y Ventura Murga.