Condenaron a Cristino Nicolaides a 25 años de prisión

Buenos Aires.- El ex jefe del Ejército Cristino Nicolaides fue condenado ayer a la pena de 25 años de prisión por los secuestros y las desapariciones de miembros de Montoneros entre 1979 y 1980, en el primer juicio contra militares tras la derogación de las denominadas leyes del perdón. La decisión incluyó a la cúpula del ex Batallón 601 de Inteligencia.
En la lectura del fallo, el juez Ariel Lijo consideró probado que Nicolaides participó de "una asociación ilícita destinada a la comisión de delitos cuya acción contribuyó a poner en peligro la Constitución nacional, e integrada por más de diez individuos en una asociación militar y en posesión de armas de guerra en más de una jurisdicción política del país".
Los mismos fundamentos se aplicaron para la condena de los represores Luis Arias Duval y Santiago Hoya, que fueron condenados a la pena de 25 años, mientras que los ex oficiales Julio Simón (alias "el Turco Julián"), Waldo Roldán y Juan Carlos Gualco recibieron 23 años de prisión; Pascual Guerrieri 21 años y Carlos Fontana, 20.
Se trata del primer juicio a una cúpula castrense tras la anulación de las llamadas "leyes de perdón" (Obediencia Debida y Punto Final), que exculparon a militares por la represión ilegal.
En el veredicto, el juez precisó que Nicolaides y los restantes represores fueron encontrados culpables de asociación ilícita en concurso real con privación de la libertad calificada (por haber sido cometida por un funcionario público), apremios ilegales, secuestros, torturas y desapariciones. Estas acciones fueron cometidas para reprimir la denominada contraofensiva que la organización Montoneros intentó realizar ante la dictadura militar. Fueron imputados por los secuestros de los militantes Julio César Genoud, Verónica María Cabilla, Angel Carvajal, Lía María Guangiroli y Ricardo Marcos Zucker, que permanecen desaparecidos.
Según el magistrado, el Batallón 601 fue un engranaje de relevancia entre 1976 y 1983 para la comisión de delitos de extrema gravedad, donde la impunidad fue el eje preponderante.
Además, Lijo dispuso profundizar la investigación sobre el secuestro de militantes montoneros en la década del 80, a fin de establecer la responsabilidad de las autoridades de las zonas en las que se dividió el país en esa época, porque se sometía a interrogatorio y se torturaba física y psicológicamente, mientras duraba el cautiverio.El Batallón 601 "fue núcleo central de procedimientos aberrantes que culminaron con secuestros", donde los condenados actuaron al amparo del poder estatal con medios, recursos, infraestructura y armamento necesario. "Todos tenían plena actividad ilegal, y ejercieron y abusaron de la impunidad del poder", resaltó Lijo. (NA)